INFORME XUMEK 2022-SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MENDOZA-

El activismo por los Derechos Humanos es -en primer lugar- una praxis, un hacer, una acción que supone una posición ética devenida en movimiento. Nunca es un lugar, una declamación o una proclama: se manifiesta en un andar constante, que a veces es trinchera, es resistencia y es urgencia. Esa praxis en movimiento es posible anudada en el hacer con otrxs. Si esa posición ética en movimiento no contiene la acción colectiva con vocación transformadora, no habrá camino posible. Como dijo Agustín Tosco, “no solo lucha contra la injusticia quien la padece, sino también quien la comprende”. ¿Quién más que las Madres y la Abuelas de Plaza de Mayo comprendieron y sostuvieron la posición ética de la que hablamos? Hay allí una enseñanza y ejemplaridad universal.

El activismo por los Derechos Humanos, a la vez, nos impone una mirada atenta al pasado, que nos nutre y nos alerta; la mirada aquella del Ángel de la Historia de Walter Benjamin, observando abrumado una catástrofe única que acumula ruina tras ruina y donde las tempestades que acechan nos traen inexorablemente al futuro. La historia de los Derechos Humanos es también la historia de lxs vencidxs, la de sus padecimientos y de sus resistencias.

Finalmente, todo ello es un hacer situado, desde nuestro Sur, desde nuestra identidad, desde nuestra historia. Ello nos posiciona y nos obliga a eludir el engaño aséptico de la neutralidad, nos impone interpelar los cánones, lo dado y lo incuestionable. Descolonizar la mirada de los Derechos Humanos y construir nuevas epistemologías que los fundamenten es parte de ese andar.

Las páginas que contiene este Informe intentan dar cuenta de ese lugar que asumimos con vocación militante. A su vez, pretenden poner a disposición y conocimiento de la comunidad mendocina las tareas y acciones emprendidas desde nuestra asociación a lo largo del 2022, en el cual cumplimos 15 años de haber iniciado este recorrido de construcción colectiva.

Este año ha sido complejo: una provincia, un país y una región saliendo de una pandemia global sin precedentes en un escenario de territorios, cuerpos y comunidades absolutamente afectados, conmovidos y arrasados; sin poder aún, ante la inevitable proximidad, conocer las consecuencias y profundidades reales de lo padecido. Por otro lado, Estados, gobiernos y políticas públicas incapaces de articular y desplegar respuestas integrales, inclusivas, necesarias y urgentes. En este escenario, se ha verificado un dato que ya señaláramos en los informes de los años precedentes: una profundización de las barreras estructurales existentes que impiden el efectivo ejercicio y goce de aquellos derechos fundamentales que garantizan una vida digna: vivienda adecuada, salud, educación, alimentación, trabajo, etc. Al momento de concluir este Informe, el INDEC (en su relevamiento del Primer Semestre de 2022) publicaba que en el primer semestre del 2022 existen en nuestro país más de 10 millones de personas debajo de la línea de pobreza, de las cuales 2,5 millones se encuentran debajo de la línea de indigencia.

Frente a esta realidad inocultable, hemos asistido a una respuesta estatal (principalmente en nuestra provincia) que lejos de pretender abordar dichas vulneraciones –en muchos casos generadoras de conflictividad social- recurriendo a instrumentos o herramientas idóneas y propias de la naturaleza de la problemática (salud, educación, trabajo, vivienda), se acudió sin tapujos al despliegue del poder punitivo para “controlar y disciplinar” la conflictividad social. Sobran ejemplos de estos casos y excede largamente este espacio para reseñarlos, pero tal vez uno que evidencia enorme gravedad en términos de afectación de la convivencia democrática es la estigmatización y/o criminalización de la protesta social (ejercicio del derecho básico de reunión, libertad de expresión y de petición ante las autoridades). Esta persecución y criminalización han sido principalmente ejercidas sobre los sectores populares más vulnerabilizados.

Ante semejante escenario, hemos renovado y redoblado el esfuerzo y el compromiso, apuntalando las líneas de trabajo históricas de nuestra asociación y aquellas que nos identifican: litigio estratégico local e internacional, incidencia colectiva, violencia institucional, agenda ambiental, géneros y diversidades, pueblos originarios y movilidad humana, entre otros. A su vez, hemos profundizado y ampliado la alianza estratégica con las organizaciones sociales (Nuestra América, UTEP) con presencia territorial y organización comunitaria, en los espacios urbanos y en la ruralidad.

Así, se afianzó el trabajo de la Red Popular de Acceso a Derechos (RePad) en los diferentes barrios populares del Gran Mendoza, sosteniendo la intervención territorial orientada a la atención primaria de necesidades socio jurídicas y de empoderamiento jurídico de las referencias barriales. También reforzamos el trabajo junto a las niñeces y juventudes de los barrios populares para trabajar en Educación Sexual Integral (ESI), estrategias de abordaje y Violencia Institucional y cómo actuar ante ella.

Desde este enfoque de alianza con movimientos sociales, hemos em[1]prendido acciones de promoción y protección más allá de las fronteras de nuestra provincia. En este sentido, hemos participado de una nueva Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos (Ecuador, junio de 2022), de la Misión de Solidaridad y Derechos Humanos en la provincia de Jujuy (agosto 2022) y de la 1° Brigada Ambiental en la Provincia de Catamarca.

Hemos conformado –junto con otros organismos de DDHH del país- la Red Federal de Defensa de las Organizaciones Populares, cuya finalidad es “visibilizar la persecución y criminalización de organizaciones, dirigentes y militantes, ejercer la defensa conjunta ante cada caso y, al mismo tiempo, reivindicar la unidad de criminalizadas/os por luchar en pos de la plena vigencia de los derechos humanos, contra el hambre, la desigualdad y en demanda de políticas públicas a favor de quienes más las sufren”.

Asimismo, en ese orden de acciones, hemos lanzado el Programa de Capacitación para abogadxs de causas populares, en conjunto a otros organismos de Derechos Humanos (INECIP, CEPPAS, CELS y Palabra Justa). Se trata de una instancia de formación virtual y gratuita realizada entre los meses de septiembre y diciembre de 2022 y con más de 300 inscriptos de todas las provincias del país, incluso de países de la región (Perú, Ecuador, Paraguay y Bolivia, entre otros).

Dicho espacio de formación parte de comprender que, en nuestra región, los poderes judiciales y el derecho suelen ser estructuras y herramientas destinadas a consolidar desigualdades y a perpetuar privilegios. Por ello, la abogacía popular retoma una larga tradición de lucha por la igualdad y el pleno goce de derechos fundamentales, pensando al derecho como herramienta de resistencia y emancipación. Así, el terreno judicial es un espacio de disputa política y de sentido y, en consecuencia, también lo es la necesidad de incorporar herramientas y capacidades técnicas idóneas para tal tarea.

En definitiva, en las páginas que siguen, se podrá recorrer también lo realizado, lo profundizado y lo continuado este año, en una amplia agenda de trabajo. En un año de mayor vulneración de derechos, de mayor desigualdad, de mayor violencia y de mayor exclusión, no hay repliegue posible y aún habitando espacios de trinchera y resistencia, estamos convencidxs de que la lucha por la vida digna y el buen vivir de todxs no solo es horizonte y utopía, sino que es inevitable realidad de construcción colectiva. Seguiremos presentes en los estrados judiciales, en las oficinas de los organismos internacionales, en los espacios académicos; pero también y principalmente, en las calles, en las barriadas, en las plazas y en cada protesta que exija igualdad e inclusión de lxs nadies.

Ni un paso atrás, ni para tomar distancia

Pablo Garciarena

Noviembre 2022