Ante la coyuntura electoral los mendocinos asistimos a una nueva operación de la guerra jurídica montada por el gobierno provincial.
Por Alfredo Guevara
El capítulo cuyano del lawfare– la utilización del sistema judicial para estigmatizar, criminalizar y perseguir al adversario político con fines electorales- al igual que en Jujuy con Milagro Sala- lleva el nombre del siempre perseguido indio Tupac Amaru.-
El origen de la denuncia
La Organización Barrial Tupac Amaru, fue declarada una asociación ilícita en Mendoza en abril de 2017, constituyendo la primera proscripción de una organización política y social desde la recuperación de la democracia desde diciembre de 1983.
Sus dirigentes, delegados y presidentes de Cooperativas fueron encarcelados o imputados. Los materiales y herramientas de construcción fueron secuestrados. Después de más de 40 años de democracia, las cárceles mendocinas se poblaron de presos políticos.
Hasta ese momento era la organización social con mayor capacidad de movilización en la provincia y desplegaba su accionar en nueve departamentos donde construyó más de mil viviendas a través de cooperativas de trabajo, entre 2008 y 2016, por la tercera parte del costo de la misma vivienda ejecutada por empresas constructoras según las licitaciones del I.P.V.
El gobierno a través de sus operadores judiciales criminalizó prácticas propias de organizaciones sociales como la copa de leche, el pago de una cuota social o la asistencia a marchas -como Ni una Menos o con la participación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner- y sus dirigentes fueron detenidos por el delito de extorsión y coacción, bajo la tradicional hipótesis del pensamiento elitista y oligárquico de que las organizaciones populares utilizaban a los pobres con fines políticos.
La estigmatización se logró desvirtuando los hechos publicando en todos los medios que los militantes estaban presos por denuncias por corrupción por irregularidades en la construcción de viviendas, un mito que hasta el día de la fecha los medios hegemónicos repiten constituyendo el caso Tupac Amaru una gran noticia falsa, fake new que se instaló en tiempos de post verdad.
Pero el aislamiento y la estigmatización de la organización no se lograría repitiendo los prejuicios instalados tradicionalmente por las clases dominantes sobre las organizaciones populares.
La denuncia tenía desde el principio un origen espurio, típico de las operaciones políticas de inteligencia que después revelaría la investigación del Juez Ramos Padilla. Fue efectuada en Buenos Aires por la diputada Stolbizer, difundida por el ex periodista Jorge Lanata, impulsada por un asesor del Ministro de Justicia de Macri (Carlos Aguinaga) con el apoyo de Cornejo y del Procurador a cargo del Ministerio Público, colocando como cara visible de la persecución a la hasta entonces ignota fiscal Gabriela Chaves, todo en forma sincronizada.
En setiembre de 2017 los militantes fueron liberados porque la Justicia hizo lugar a los argumentos de la defensa y determinó que los hechos no constituían delito y carecían de base probatoria.
La imputación electoral
Sin embargo, ni la batalla jurídica ni la campaña de desinformación ha cesado.
A pesar de que la Organización Barrial Tupac Amaru desarrollaba su actividad en 9 Departamentos, el día 23 de abril pasado el gobierno decidió formular una nueva imputación direccionada exclusivamente al Departamento de Lavalle y citar, entre 32 imputados, solo al intendente y candidato para la reelección para una audiencia de declaración indagatoria el día 26 de abril, dos días antes de las elecciones departamentales que se celebrarían el día 28 de abril de 2019.
Cuando alguien le preguntó a la fiscal sobre la oportunidad de la convocatoria a Roberto Righi, la funcionaria se limitó a alegar su ignorancia respecto del calendario electoral. Cualquier conclusión que saquemos sobre la presunta ignorancia de la fiscal realmente asusta.
La extraña imputación redactada por la fiscal que consta en el expediente, acusa a los militantes políticos y sociales opositores al actual gobierno de convertir en esclavos a sus militantes y utilizar a cientos de ellos para la construcción de 520 viviendas en Lavalle desde el 2008 hasta el año 2016, al estilo de las pirámides egipcias.
La absurda imputación que formula Chaves el 23 de abril de 2019 se aleja de lo que se denomina hechos de corrupción, y se emparenta más con hechos que podrían ser calificados como reducción a la servidumbre o trata de personas.
Se trata de una imputación fraudulenta, sin base probatoria alguna, desmentida por la propia Subsecretaría de Trabajo de la Provincia que al contestar un informe fechado el 23 de marzo, acreditó que durante 9 años ni un solo trabajador denunció a las cooperativas de la Tupac Amaru. Ni uno solo.
Las combativas columnas de la Tupac con sus banderas de trabajo, vivienda y educación reducidas a un conjunto de esclavos manipulados políticamente que no solo soportan, sino que ni siquiera denuncian la precarización laboral, es la base de un relato ficcional insostenible.
La inaudita acusación contra los funcionarios
A los funcionarios del anterior gobierno- entre ellos a Omar Parisi como ex presidente del I.P.V. y Roberto Righi como Intendente Municipal se les imputa no haber ejercido el control de las condiciones de trabajo y permitir el trabajo esclavo.
Pero esa imputación es insólita, puesto que ese control no era de su competencia, así lo resolvió el Tribunal de Cuentas de la Provincia al sentenciar el caso en 2017 liberando de todo cargo a los funcionarios.
https://www.pagina12.com.ar/149527-la-tupac-con-los-numeros-en-orden
El Tribunal de Cuentas investigó este punto y desestimó este cargo sustentado en la clara redacción del Acuerdo Específico suscripto por el Estado Nacional con el Instituto Provincial de la Vivienda y el Municipio en poder de la Fiscal, que establece en forma expresa que la obligación de control de la legislación laboral y condiciones de seguridad no era competencia ni de Parisi ni de Righi, sino del desaparecido Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.
Se imputó a los funcionarios por no ejercer un control a sabiendas de que dicho control no era de su competencia.
Otra vez las fake news
Convenientemente, los medios de desinformación masiva no difundieron la verdadera e insólita acusación.
A partir del 24 de abril se distribuyó información falsa filtrada por la Procuración y después los medios oficialistas entrevistaron a la fiscal Chaves, difundiendo profusamente que al Intendente y demás imputados se los acusaba por la existencia de hechos de corrupción consistentes en graves defectos constructivos que confirmarían el fraude, para lograr mayor impacto en la población.
Después de casi 3 años de denuncias que no conducen a ninguna parte, con causas paralizadas que no son elevadas a juicio, el gobierno necesitaba alguna noticia para intentar desprestigiar a la oposición, por lo que decidieron, como siempre, escindir las acusaciones.
Una insostenible acusación judicial, firmada en el expediente a dos días de las elecciones que nos habla de trabajo esclavo.
Y una escandalosa acusación mediática basada en hechos falsos que denuncia terribles irregularidades constructivas en las obras para intentar incidir en la voluntad popular ante el proceso electoral.
La manipulación de la opinión pública a través de estas operaciones constituye uno de los principales riesgos de las democracias modernas, como lo puso en evidencia el célebre informe del Parlamento Británico ante el escándalo de Cambridge Analítica.
El efecto boomerang
Una vez el gobernador Cornejo afirmó que sin el peronismo Argentina sería como Australia. A veces la realidad supera a la ficción, y el artefacto de origen australiano que regresa hacia quien lo arrojó podría golpear en la nuca al furibundo gobernador que sueña con la supresión del importante movimiento popular argentino.En efecto, la Tupac Amaru construyó viviendas en 9 departamentos, y entre esos departamentos hizo un barrio en Godoy Cruz, cuando el actual gobernador era intendente.
En el caso de Roberto Righi, la nueva acusación le atribuye haber suscripto los certificados de obras entre otras, acciones que le valieron haber sido imputado por la fiscal actuante.
De ser ciertas las acusaciones los mendocinos estaríamos frente a un escandaloso encubrimiento en beneficio del propio acusador, porque el gobernador Alfredo Cornejo suscribió exactamente la misma documentación por la que se imputó a Righi.
Lo mismo hicieron el actual subsecretario, hombre de confianza de Cornejo y candidato a intendente de Maipú por la coalición oficialista Néstor Majul y el actual presidente del Instituto Provincial de la Vivienda Damián Salomone.
Con las premisas establecidas en la acusación, no cabe más que concluir que tanto Cornejo, como Majul, Salomone e Iglesias debieron ser imputados, siguiendo el mismo criterio que se utilizó para imputar a los dirigentes opositores.
Pero las reglas de la lógica formal y el deber de objetividad que la Constitución impone a la acusación fiscal no aplican en el law fare y las fake news de la prensa militante oficialista.
Asimismo, las acusaciones abarcan el periodo 2008-2016, por lo que, al igual que fue imputado Parisi, debió imputarse a Damián Salomone, por autorizar, previa auditoría, el pago de 14 millones de pesos a la Tupac en el año 2016, y también al Intendente de Guaymallén Marcelino Iglesias, que tuvo a su cargo el control de la construcción de 50 viviendas en dicho departamento en ese año.
Y un último dato revelador. La acusación se dirige contra personas presuntamente no identificadas, a las que se señala como “N.N. o gerente de Hábitat” del I.P.V.-
El periodo investigado incluye el año 2016, y llama poderosamente la atención que la Fiscal Chaves no haya identificado al Gerente de Hábitat de Cornejo, el Ingeniero Guillermo Montefusque, quien no solo suscribió todos los certificados de avance de obra de la Tupac en Lavalle, sino que además tiene trato frecuente con la misma fiscal, que lo designó como depositario judicial de los materiales secuestrados a la Tupac Amaru.
Constancia donde el Ingeniero Guillermo Montefusque, en su calidad de Gerente de Hábitat del I.P.V. acepta como depositario judicial la custodia de los materiales y herramientas de la Tupac Amaru.
Imágenes del saqueo
A pocos metros del centro de la Ciudad de Lavalle, se encontraba en plena construcción el Barrio Tupac Amaru II, de 216 viviendas. Las obras quedaron abandonadas como consecuencia de la criminalización de la organización, en un contexto en el cual el Gobierno Nacional eliminó todos los programas de vivienda social para sectores populares.
Después de dos años de paralización de las obras, el I.P.V. licitó la terminación del barrio. El I.P.V. pagará por terminar 169 viviendas $900.000 por vivienda a las empresas licitatarias. Cuando fueron detenidos, la Tupac construía las viviendas por $380.000 cada una, con un avance de obra equivalente al avance financiero del 25%.
Cientos de columnas cortadas y paredes derrumbadas y deterioro generalizado después de más de dos años de abandono. Viviendas usurpadas.
El robo y destrucción de las obras fueron producto de la persecución. Se pretendió detener a Nélida Rojas por participar en una asamblea de la Organización. Se criminalizó el pago de la cuota social. Con sus miembros presos o perseguidos, proscriptos y sin recursos para funcionar, la Organización no pudo sostener la vigilancia sobre el barrio en construcción.
Una enorme cantidad de materiales fueron secuestrados en un galpón y mientras se encontraban allí fueron saqueados. Un año después fueron depositados a la interperie bajo la custodia de la Policía. El saqueo continuó.
El Barrio Tupac Amaru I de Lavalle contaba con centro de salud, centros educativos y una fábrica textil comunitaria, como una expresión de sus principales banderas políticas. Incluso pileta para los niños huarpes del desierto lavallino. Todos esos espacios comunitarios fueron cerrados como consecuencia de la persecución.
