Por Instituto Alternativa
En los últimos cinco años ha quedado demostrado cabalmente que ni el endurecimiento punitivo, ni el permisivismo tácito o no tácito frente al accionar policial, ni la flexibilización administrativa que vino de la mano de la muy pomposa, pero poco efectiva, ley de emergencia en seguridad alcanzaron para frenar el crecimiento del delito en nuestra provincia. Hemos presenciado más bien la construcción de un relato adornado con discursos categóricos que ante el logro de objetivos concretos.
La falta de un verdadero plan provincial de seguridad que defina objetivos comunes y una estrategia consensuada para alcanzarlos, el incumplimiento de las leyes estatales vigentes, el intento de evitar controles políticos debilitando las instituciones creadas por estas leyes, el “aval político” otorgado a funcionarios de primera línea del Ministerio de Seguridad que han demostrado manifiesta incapacidad de gestión, errores graves y resultados paupérrimos y los constantes recortes presupuestarios realizados al Ministerio de Seguridad han tenido un efecto devastador sobre la seguridad en Mendoza. Fundamentalmente porque todo esto viene ocurriendo en un contexto social y económico provincial, que tiende a generar las condiciones para que se puedan profundizar las causas que potencian el crecimiento de algunos de los principales tipos de delitos.
En materia de seguridad el acceso a información estadística que sea fiable y contenga cierto grado de desagregación por tipología e incidencia territorial es una tarea muy difícil en Mendoza. No obstante, nos vamos a dar al análisis “de lo que hay”, aunque seguramente no será suficiente para reflejar la verdadera gravedad del problema y el grado de preeminencia que el mismo tiene entre las prioridades de nuestras comunidades.
El presente informe tiene por objetivo realizar una aproximación al tema de la seguridad en la provincia de Mendoza y a las políticas públicas provinciales que tienen la finalidad de garantizarla.
