EL “APARTHEID” CUYANO

La política de mano dura impulsada por Cornejo se asoció a la aprobación de un oprobioso Código Contravencional que se presentó falsamente como necesario para combatir la inseguridad, pero  que legalizó un verdadero apartheid en nuestra Provincia. 

Por Alfredo Guevara

 

Vivimos tiempos donde todo lo que parecía sólido se desvanece en el aire. Se desvanece Macri ante el fracaso de las políticas económicas sustentadas en las recetas neoliberales. También se desvanecen las políticas de seguridad represivas de carácter autoritario indispensables para disciplinar a los excluidos y posibilitar el ajuste, la fuga de capitales y el endeudamiento.

En Mendoza el gobierno de Cornejo derechizó sin límites los restos mortales del viejo partido radical siguiendo los pasos de Patricia Bullrich, pero incorporando una marca registrada local.

La política de mano dura impulsada por Cornejo se asoció a la aprobación de un oprobioso Código Contravencional que se presentó falsamente como necesario para combatir la inseguridad, pero  que legalizó un verdadero apartheid en nuestra Provincia.

Cartoneros, ambulantes, cuida-coches, limpiavidrios, vendedores de tortitas, mendigos, jóvenes morochos y pobres de cualquier condición son perseguidos por las calles y plazas mendocinas, clasificados y estigmatizados como los portadores de la criminalidad y el delito. Un claro retorno a las “clases peligrosas.

La aplicación de esta infamia de carácter segregacionista forzó la creación de un nuevo paisaje urbano en las áreas céntricas, una ciudad libre de pobres, producto del desplazamiento territorial de los pobres hacia los márgenes,  al mejor estilo “Micki” Vainilla.

Las políticas inspiradas en los discursos del odio se revelaron ineficientes para combatir la violencia. La inseguridad creció exponencialmente de la mano de la pobreza, la desocupación y la desigualdad. La segregación de los excluidos a sus ghetos urbanos solo ha profundizado la violación de los derechos humanos de los más sumergidos. Según la Dirección Nacional de Estadísticas Criminales, durante el año 2016,  7 de las 10 ciudades del país con mayor índice de robos eran mendocinas (Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz, San Martín, Las Heras, Maipú y Luján).

Durante el año 2018, según informó la misma Dirección Nacional recientemente el total de robos y robos agravados (por cada 100 mil habitantes) llega a 955,9 en Argentina. Pero en Mendoza, ese índice llega a 1557.5 ubicándose en el puesto 6 del ranking nacional, solo detrás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén, Córdoba, Catamarca y Santa Fe.

La profundización de la desocupación y la pobreza de los mendocinos a partir de 2018 evidencia la irracionalidad del modelo de exclusión y represión que no logró disminuir los altísimos índices en materia de delitos contra la propiedad. La necesidad del capitalismo de reclutar mano de obra explica el origen de estas normas, pero ante la crisis económica y la expulsión de mano de obra de este fin del ciclo neoliberal, queda claro que se trata solo de una política represiva de control social que no busca la incorporación de los excluidos como fuerza de trabajo.

En su libro “Opción fuera de la ley”, publicado en 1972, el padre “Macuca” Llorens cuenta que tuvieron que construir el Barrio San Martín en la clandestinidad, porque “… una ley que alcanza a pocos es injusta: no obliga. Y que ya se están dando las circunstancias para una nueva ley, que obligará, porque alcanzará en justicia para todos”.

En estos días la memoria del Cura villero se hace presente, ya que se inició en Mendoza un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad, donde se investiga el “Operativo anti jesuita” de la dictadura en 1976 que resultó en la desaparición de María Leonor Mércuri, María Inés Correa Llano, Carlos Jacowczyk, Zulma Pura Zingaretti, María Cristina Lillo, Mercedes Salvadora Eva Vega, Rafael Olivera y Nora Rodríguez Jurado, militantes que trabajaron solidariamente con Carlos “Macuca” Llorens en el Barrio San Martín.

Las palabras de Llorens y la práctica de los militantes desaparecidos están guardadas en la memoria popular y cobran nueva actualidad ante un pueblo mendocino empobrecido que demanda una nueva ley, como decía Macuca, que alcance la justicia para todos.

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