En 10 puntos el posicionamiento de Mendoza BITS sobre el decreto que declara servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga.
Desde Mendoza BITS celebramos la medida llevada adelante por el Poder Ejecutivo Nacional que declara como servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga, congela tarifas hasta el 31 de diciembre y avanza hacia un paquete que deba incluir prestación básica, universal y obligatoria. La conectividad es una necesidad fundamental para la educación, el perfeccionamiento y el acceso a la información. Es base del crecimiento económico, laboral, para la proyección de la ciudadanía digital así como para el desarrollo de la cotidianeidad, el florecimiento de las relaciones personales. Sin acceso equitativo a internet difícilmente puedan desarrollarse los aspectos de una ciudadanía íntegra. Es responsabilidad del Estado garantizar el acceso, así como sucede en los países donde estos servicios también son públicos y contemplados como derecho básico universal como Canadá, Francia o México.
Este DNU no ahuyenta las inversiones, necesarias en un sector que está entre los más denunciados en Defensa de los consumidores y consumidoras. La inversión de $3000 millones del Fondo de Servicio Universal para aumentar la capacidad de la Red Federal de Fibra Óptica y una serie de programas con una inversión de $3800 millones para achicar la brecha digital van en ese sentido. En 2015 se derogó a través del DNU 267/15 la facultad del Estado de regular los precios de los servicios de telecomunicaciones, prevista en la Ley Argentina Digital desde 2014. Sin embargo esto no generó más inversión. El proceso de ampliación y sostenimiento de la red de telecomunicaciones debe ser liderado por el Estado, apostando a un crecimiento sostenido, inclusivo y más equitativo. La ampliación de redes de cobertura de tecnología de información no puede quedar sólo a expensas de decisiones empresariales.
Ni bien publicado en DNU se alzaron voces a favor y en contra. La intervención constructiva y colaborativa del Estado en dicho sector del mercado es una cuestión estratégica para el crecimiento de la Nación y será en beneficio de la innovación, de la creación de empleo, de la inclusión y cuyo acceso universal debe ser garantizado como lo demuestran las experiencias en otros países. Por ello el reconocimiento de servicio esencial y la regulación del sector debe ser prioritario y estratégico: permitirá fijar las condiciones mínimas de prestación de los servicios, definir el rol de los actores privados y estatales, regular las condiciones tarifarias, todo lo cual redundará en una mejor y más amplia cobertura, con aumento de habitantes beneficiarios y tarifas justas.
Las empresas de telecomunicaciones tienen todo el derecho a defender su negocio pero debe quedar claro que tuvieron en nuestro país condiciones a medida para generar márgenes importantes de ganancia: posibilidad de fusionarse, aumentos por encima de la inflación, combos de servicios desincentivando la competencia, ganancias extraordinarias durante años y una pandemia que los tuvo como actor central, con sus trabajadores y trabajadoras declarados esenciales.
Tenemos un largo camino por recorrer pero hemos dado un paso fundamental. Esta acción no es contra una empresa, un grupo de empresas o un sector, es en beneficio de las mayorías. La construcción de un país que apueste a un futuro con inclusión y justicia social tiene que sí o sí contemplar la conectividad y el acceso de Internet como un derecho para que nuestros niños y niñas se desarrollen y eduquen, donde se puedan capacitar los jóvenes y puedan conseguir trabajo. Estamos en el camino de achicar la diferencia entre quienes pueden y quienes no pueden conectarse, para construir un desarrollo económico con justicia social.
Es fundamental que nuestra provincia rápidamente tome nota del camino trazado con esta decisión nacional y se ponga a la vanguardia. La conectividad en nuestra provincia, especialmente en las zonas rurales, es crítica y es donde reside gran parte de nuestra población. Así también son necesarias herramientas concretas para el sector que genera innovación y trabajo, como por ejemplo la industria del software en el interior de la provincia o promover la industria audiovisual para que los contenidos hechos en Mendoza sean los que circulen en las redes y plataformas, para que mayor conectividad también sea sinónimo de identidad y cultura.
Este DNU es una continuación de las acciones llevadas adelante por el Gobierno Nacional durante la pandemia en donde la ENACOM tuvo un rol fundamental, generando los acuerdos para que los datos fueran gratuitos en las plataformas educativas en todos los niveles. La comunicación, el entretenimiento, y la cultura nos han permitido sobrellevar la angustia que significa no poder reunirnos con nuestros seres queridos y sobre llevar la pandemia. La intervención del Estado en la fijación de tarifas debe tender al sostenimiento del servicio y en el proceso de construcción de su estructura los usuarios deben tener participación, así como también gozan de su servicio.
Hemos presentado proyectos de ley para garantizar conectividad en las zonas rurales, impulsar a las PyMEs a actualizarse tecnológicamente, mejorar el proceso de las compras públicas innovadoras, ampliación del objeto de EMESA para poder acercarnos a la realidad de una Mendoza más conectada, generar ámbitos de debate en la Legislatura con una Comisión Bicameral para discutir esto estos temas y continuaremos aportando propuestas e ideas.
En Mendoza la única dirigente política que no ha cesado en su reclamo de más conectividad, de reglas de juegos más claras y de la necesidad de inversión es Anabel Fernández Sagasti. Nadie como ella se ha manifestado y ha generado los enlaces y puentes para que en la provincia los mendocinos y mendocinas podamos dar la discusión de la Mendoza que queremos. Con innovación, con inclusión, con tecnología, con talento mendocino, sin dejar a nadie afuera. El conocimiento no puede estar circunscrito a las élites, a quienes puedan pagarlo: es un derecho de todos y todas.
Por eso es importante, en esta etapa que se inicia, convocar a todos los sectores. Desde el Gobierno Provincial sumar a la discusión a los empresarios, a los dirigentes de todo el arco político, a los gremios, a las ONGs, Cooperativas, PyMEs y a las universidades para consensuar políticas a largo plazo y que finalmente Mendoza dé el paso que tiene que dar. Está el potencial, están los hombres, mujeres y diversidades, está el camino por recorrer. Sólo hace falta animarse; nuestra sociedad lo espera.
Mendoza BITS
Banco de Iniciativas para la Innovación Tecnológica y Social en el marco de la Economía del Conocimiento
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