REFORMA A LA LEY 7722 EN MENDOZA

Por Rodrigo Aguilar

El debate por la reforma de la ley 7722 que regula la actividad minera en Mendoza y prohíbe diversas sustancias consideradas tóxicas como el cianuro y el ácido sulfúrico entre otras; ha sacado a luz o a cuestiones cruciales como la relación entre la vida humana y el hábitat que la contiene y permite su desarrollo; como situaciones más propias de la contingencia social y política de una sociedad que en 36 años de democracia ha ampliado escasamente los márgenes de la democracia representativa. Por lo tanto, antes de entrar a analizar los temas de fondo, se hace necesario considerar que este tipo de discusiones tan profundas se desarrollan demasiado a distancia entre los diversos actores del campo social. La sociedad civil ha demostrado seriedad y compromiso democrático para tener que soportar seguir alejada y obligada a debates donde los ruidos de los choques de intereses le ocultan o deforman la información, y también le quitan la capacidad de decisión colectiva real en temas tan complejos que atraviesan vitalmente a la comunidad y a cada sujeto. La soberanía es una idea y una acción de patria que está viva, se mueve, se adapta y cambia para realizarse en los contextos actuales y proyectados. La comunidad organizada es una aspiración contraria a la elitización de las clases dirigentes, el camino hacia aquella está asentado sobre la democracia participativa, o sobre una mayor intensidad y extensividad democrática.

El desarrollo de la especie humana implica necesariamente la transformación de las fuerzas materiales de la producción. El aumento poblacional geométrico y la diversificación permanente de la producción son hechos sociales casi inherentes a los últimos 200 o 300 años de la humanidad, lo que nos coloca ante la evidencia de lo real que determina lo necesario para el desarrollo. Pero aquí aparece el problema, la evidencia empírica demuestra que el progreso, crecimiento o la mejor versión que es el desarrollo inclusivo; ha generado niveles de desigualdad social y daño ambiental considerables. Ninguno de los dos en volúmenes que permitan ignorarlos en cualquier proyecto de sociedad que se considere humanista y sustentable para el ejercicio del primer derecho humano que es el derecho a la vida y su factibilidad.

En cuanto a la desigualdad social, en el caso propio de Mendoza encontramos que la matriz productiva y la estructura desigual de asignación de riqueza, componen una sociedad donde no solo el trabajo escasea, sino que mucho del que hay esta informalizado, precarizado y mal pago, especialmente en el cuentapropismo, el comercio y el sector agrícola. Hay que tomar nota de ello para realizar cualquier actividad económica, la minería en este caso; la sociedad de pleno empleo no es un concepto útópico sino un horizonte que demanda la intervención estatal activa y reguladora.

Al mismo tiempo esta desigualdad social es hija de lo que muchas veces vemos como “ el secuestro” del estado por parte de corporaciones y multinacionales, fenómeno  tan propio de estos tiempos. En el caso de la minería esto se ve graficado en que, pese a contar las provincias con la propiedad inalienable sobre los recursos naturales, estas solo captan un raquítico 3% de regalías (en divisa internacional, por cierto, tan escasa luego de las sucesivas fugas y vaciamientos). Además, se ha obturado la capacidad de apropiación local de la renta, porque un estado ausente en el desarrollo de sus fuerzas productivas y de las relaciones de producción progresivas, es un estado presente para la concentración y la fuga de riquezas.

Por todo ello, si la reforma a la ley 7722 se concreta y se continúan las estructuras laborales, fiscales y tecnológicas locales actuales; la actividad minera intensiva que se pretende será concentradora, conservadora y profundizadora de la desigualdad y el atasco de desarrollo que padecemos. Una reforma profunda y capaz de generar trabajo y desarrollo, no se termina al introducir dos sustancias más capaces de realizar los procesos de extracción de minerales metalíferos.

Llegando al punto más álgido del tema, el posible daño ambiental y particularmente sobre el agua de Mendoza, hay varios puntos que es necesario fijar previamente. Primero, como dice un ingeniero, en cualquier actividad no existe el 100 % , la acción física nunca se demuestra en estado puro, solo las ideas tienen ese privilegio y se convierten en dogmas cuando sucede. Es decir que es imposible la no contaminación cuando se extrae, se produce y se generan minerales. El eje del problema es si se pueden acotar los daños a niveles que no dañen de forma considerable el ambiente donde se desarrolla la vida. No encontramos opiniones o análisis (salvo el anarquismo silvestre que es muy pequeño) que expresen que la actividad minera metalífera contamina a niveles peligrosos en su propio ejercicio. Lós métodos demuestran que es posible trabajar el mineral para luego industrializarlo y convertirlo en productos para la vida humana, sin que esta quede condenada a envenenarse.

Hasta aquí la teoría, pero sabemos que esta es estéril sin la práctica y entonces caemos en el punto nodal del problema. Primero, la capacidad regulatoria del estado como portador de la soberanía popular para diseñar y exigir las condiciones técnicas que garanticen los más altos niveles de protección ambiental sobre todo de los cauces hídricos superficiales y subterráneos, y reducir al mínimo la capacidad de daño ambiental por accidentes o maniobras empresariales de reducción de costos (esto último con la complicidad de la corrupción). Segundo, la respuesta ante la contingencia o accidente de la que ninguna actividad está exenta. No son temas burocráticos o simples controles. Los accidentes como el de Brasil, donde cedió un dique de contención de residuos tóxicos y aplasto un ecosistema y un pueblo entero, son avisos de la capacidad de muerte que la conjunción minería metalífera´-corrupción-desidia estatal porta potencialmente.

Las dos fuerzas políticas mayoritarias de Mendoza han decidido, con el apoyo del Gobierno Nacional, asumir estas tareas de riesgo para el Estado, que deberán ser políticas de Estado si la reforma prospera. Que deberán profundizar reformas progresivas económicas, laborales, fiscales y sociales para que realmente esta ampliación productiva sea desarrollo y justicia social, porque gobernar es crear trabajo y no hay Nación sin industria que se nutre de insumos minerales. Tal vez la tarea estratégica de cara a esta reforma será que la comunidad organizada se involucre en el cuidado del ambiente, no alcanzará con el gobierno, este debe abrir los canales de control para que el pueblo asuma el control y la soberanía sobre las riquezas. La casa común exige el cuidado comunitario, la tarea política es que la dignidad sea el trabajo y la vida al mismo tiempo.

 


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