El presente documento resume un conjunto de denuncias recogidas en Bolivia entre el 28 y 30 de noviembre del año 2019, que permiten caracterizar el golpe de Estado perpetrado y exponer el conjunto de violaciones a los derechos humanos, sociales, políticos y culturales.
El Golpe cívico-militar perpetrado en el Estado Plurinacional de Bolivia es uno de los acontecimientos internacionales más luctuosos de América Latina en los últimos años. Representa un retroceso brutal en el camino que venía transitando Sudamérica para consolidar los sistemas democráticos de la región, dirimir en paz y autodeterminación los conflictos políticos y sociales, y construir procesos que tiendan a combatir la pobreza y la desigualdad social. La delegación constituida como acción urgente de solidaridad, presenta en este informe los resultados de su participación en la misión cuyo objetivo principal era observar in situ si antes, durante o después del golpe se violaron derechos humanos, sociales, políticos y/o culturales. El contingente estuvo en el Estado Plurinacional de Bolivia los días 28, 29 y 30 de noviembre, con la participación de un equipo multidisciplinario de profesionales y dirigentes de movimientos de DDHH, sociales/sindicales. Con una nutrida agenda de trabajo, se realizaron visitas, entrevistas y reuniones con familiares y víctimas de crímenes de lesa humanidad. Se tomaron testimonios de un centenar de personas en una locación segura de la localidad de El Alto. Se visitaron: domicilios particulares de víctimas, personas hospitalizadas (Hospital Boliviano Holandés y Hospital Municipal Modelo Corea, ambos ubicados en ciudad del Alto) y se realizaron reuniones en distintos puntos de La Paz con dirigentes políticos perseguidos, periodistas y los movimientos sociales urbanos, campesinos e indígenas.
La Delegación no pudo realizar la totalidad de las actividades programadas por las amenazas explícitas del Ministro de Gobierno (de facto) Arturo Murillo y el accionar de grupos civiles de choque que hostigaron a los integrantes con total impunidad durante toda su estadía. Con estos mecanismos la dictadura no solo pretendió amedrentar a la delegación y evitar que cumpliera con los objetivos propuestos, sino que intenta instalar miedo y terror en la población y dentro de ella, principalmente a quienes pretenden denunciar lo que sucede y organizarse para resistir el golpe.
El gobierno de facto instalado en el poder a partir del 10 de noviembre manifestó que venía a restablecer vías democráticas en el marco del Estado de Derecho. Como determina la experiencia histórica respecto a gobiernos de facto, el nuevo régimen profundizó violentamente su deriva hacia una dictadura que día a día cercena los derechos, libertades y garantías de su población, en particular la más vulnerable.
A pesar del manifiesto bloqueo informativo impuesto por el régimen, circulan imágenes de brutales represiones contra movilizaciones pacíficas de los sectores populares y originarios; se televisan y distribuyen a través de redes sociales discursos supremacistas y de odio emanados de los principales actores del Golpe; son públicas las medidas de persecución y linchamiento político contra dirigentes sociales y representantes políticos, y los testimonios de la represión organizada por el gobierno de facto a los que se pudo acceder de primera mano dan cuenta de la gravedad creciente de la situación.
En nuestro país, el gobierno del presidente Mauricio Macri antes de finalizar su mandato y su canciller Jorge Faurie, se negaron a calificar como Golpe de Estado lo que había sucedido y establecieron una prescindencia cómplice, que avergüenza la tradición democrática argentina de las últimas décadas. En esa misma línea actuaron casi todos los países de la región, llegando al extremo de negar la autorización de la utilización del espacio aéreo para que el presidente democráticamente electo por el pueblo de Bolivia, Evo Morales (con mandato constitucional hasta el 22 de enero del 2020) pudiera salir con vida del país. De esta forma, sin gobiernos vecinos solidarios, sin espacios de articulación regional activos como en su momento fuera la UNASUR, que reaccionaba inmediatamente ante situaciones de peligro democrático, el plan de aislar al pueblo boliviano y ocultar lo que pasa en Bolivia se implementó sin mayores obstáculos y con el máximo respaldo del gobierno de los Estados Unidos.
En este desolador contexto y con la certeza de que se estaba jugando una hora estratégica en América Latina se resolvió conformar esta delegación de solidaridad con el pueblo boliviano. Bajo la idea de que si no lo hacen los gobiernos lo debemos hacer los pueblos, un amplio conjunto de organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicales y políticas se organizaron con la misión de observar las violaciones a los derechos humanos y recabar información fidedigna y directa, así como proveer a las víctimas de un canal de denuncia seguro, frente a la clausura de las vías judiciales y los ataques a la libertad de expresión por parte del gobierno de facto.
El trabajo de campo realizado y este informe demuestran de manera fehaciente la inexistencia de Estado de Derecho en Bolivia, la extrema gravedad y amplitud de las vulneraciones de derechos humanos, civiles, sociales, políticos y culturales, comprendidos en la categoría de crímenes de lesa humanidad, y la ausencia absoluta de garantías para su reparación por vías judiciales ordinarias internas.
El presente informe busca describir del modo más circunstanciado posible los hechos recolectados, sistematizados, probados y denunciados por más de un centenar de ciudadanos bolivianos ante la Delegación argentina en Solidaridad con el Pueblo de Bolivia durante su estadía y posteriores comunicaciones y denuncias recibidas en territorio argentino.
Las represiones desatadas por el actual gobierno de facto contra el pueblo boliviano ya han dejado un triste saldo de personas muertas, heridas y desaparecidas, agresiones físicas, manifestaciones racistas, fragmentación social y odio fomentado por los medios masivos de comunicación y las autoridades, entre otros muchos hechos represivos que en este informe se detallan.
Cumpliendo con nuestra tarea solidaria, mancomunada con nuestros hermanos y hermanas bolivianas que a cada paso, en cada abrazo, entre llantos, nos pedían que lleváramos la voz de ellos y ellas, que no tienen a dónde recurrir; con la rigurosidad que nuestro compromiso y antecedentes nos obliga; con el dolor que cargamos por el desamparo de las víctimas; con el compromiso inclaudicable por la verdad, la justicia y la voluntad de los pueblos; es que encaramos esta tarea que esperamos aporte al conocimiento de los hechos cometidos contra el pueblo, el señalamiento y juzgamiento de los culpables y la reparación a las víctimas.
Por vía paralela, esta delegación considera que sigue siendo fundamental la solidaridad y la más amplia difusión nacional e internacional de los gravísimos crímenes que se sucedieron y suceden, reafirmando la necesaria vigencia de la democracia, el respeto a la diversidad cultural y los derechos sociales, y la construcción de una vía de restitución del Estado de Derecho en Bolivia.
