Recientemente desde el Instituto Alternativa se publicó un informe referido al problema del crecimiento de la Inseguridad en Mendoza, la presentación fue transmitida a través del canal de youtube de ZONA CRÍTICA CUYO (mirala acá). En la actividad expusieron el presidente de la Bicameral de Seguridad de Mendoza, el senador Rafael Moyano, la Lic. Griselda Daffunchio, el Lic. Daniel Arenas y el Director del Instituto Alternativa Juan CArlos VIllegas, hablamos con éste último para conocer los detalles.
¿Qué fue lo que los motivó a elegir este tema?
– Como primera medida desde el Instituto nos hemos propuesto la tarea de realizar un abordaje lo más integral que nos sea posible de los distintos aspectos de la realidad que nos toca vivir como sociedad, desde una mirada local, situada, siempre incompleta pero plural, entendemos que con mucha humildad y disposición a escuchar, pero también con sistematicidad, seriedad y rigor, todos los temas pueden ser bien tratados. Además, lo que pretendemos no es llegar a posiciones acabadas o sentencias inapelables, lo que pretendemos es realizar aportes para sumar al debate público, construir conocimiento y ponerlo a disposición. En ese sentido, entendemos que el tema de la seguridad, dada su gran complejidad, debe ser observado y analizado desde distintos enfoques, para identificar posibles causas que influyen en el crecimiento del fenómeno, analizar políticas, leyes, el rol de los actores institucionales, recursos, resultados, etc.
¿Por qué razón considera que la participación, tanto en el ZOOM como a través de las redes fue tan amplia?
La verdad es que la participación fue muy importante, evidentemente el tema es uno de los mayor prioridad en la agenda de la gente, posiblemente cuando logremos salir de la pandemia se transforme en el más importante luego de la economía o quizás al mismo nivel. Ingresaron más de 160 personas al ZOOM, si bien la gran mayoría son personas de Guaymallén, también contamos con la gratísima presencia de concejales y referentes de otros departamentos, lo cual ayudó aun más a alimentar el debate y a enriquecer la mirada. Además creo que hay mucho interés por escuchar voces alternativas en esta materia, más que nada porque hoy por hoy la escena está dominada por un relato un tanto fantasioso del gobierno provincial que está completamente peleado con lo que ocurre en la realidad, te dicen que desde que ellos gobiernan han invertido más, han aplicado políticas más eficientes, que han conseguido mejores resultados, que estamos mejor, y cuando uno sale a la calle o revisa las redes sociales, la realidad es muy distinta, entonces el relato parece más bien una fábula y se necesita encontrar otras explicaciones, porque si partimos de un mal diagnóstico seguramente no conseguiremos buenos resultados.
¿Cuáles son las principales diferencias encontradas?
En el informe nos planteamos reconocer algunos de los principales factores explicativos relativos al crecimiento de la inseguridad en Mendoza, no los únicos, ni los más importantes, pero si dos que están absolutamente al alcance de las decisiones del gobierno provincial y que son altamente influyentes. Primero aclarar que el primer punto es dejar fuera de la discusión el hecho de que en Mendoza crece la inseguridad, lo cual ya es comenzar a discutir el relato fabuloso del oficialismo provincial, se la defina como se la defina, se la mida como se la mida, salvo en el año 2020 que fue completamente atípico, la inseguridad viene creciendo en Mendoza, no es que lo digamos nosotros, no es que lo diga la prensa no oficialista, no es que lo digan los dirigentes opositores, lo dicen los números del propio gobierno según consta en los informes presentados ante el HTC en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal de Mendoza y lo dice la Encuesta Provincial de Victimización, la cual es realizada por el propio Ministerio de Seguridad, la DEIE y la UNC, según fue publicado en un medio que no puede ser sospechado de opositor como mdzol. A confesión de partes, relevo de pruebas, que la inseguridad crece en Mendoza es dato, no relato.
¿Y cuales fueron los factores explicativos que ustedes analizaron?
Nos enfocamos en dos, pero sin dudas son muchos más, además, el análisis de los dos sobre los que nos enfocamos no se puedo realizar en profundidad porque, como es sabido, el acceso a información pública de calidad en Mendoza no es fácil, un ejemplo de esto es la no publicación de la encuesta provincial de victimización del 2019, según mdzol porque al gobierno no le dieron bien los resultados.
El primero tiene que ver con la evolución del gasto en seguridad, a pesar del relato oficialista, de la centralidad que se le otorga al tema de la seguridad en el discurso provincial, pudimos corroborar que en los hechos concretos el gasto en seguridad viene perdiendo participación sobre el total del gasto provincial es decir que se destinan porciones cada vez menores al financiamiento de los recursos que luego se necesitan para llevar a cabo las funciones del Ministerio de Seguridad, y cuando decimos las funciones, nos referimos a todas, no solo la represión del delito, sino también las tareas de prevención, fundamentalmente las de prevención situacional, que son elementales para evitar que el delito ocurra. La pérdida relativa es muy significativa, pasando el presupuesto del Ministerio de Seguridad de contar con el 8% del gasto total de la provincia en 2014 al 6% en 2021 (si se excluye al servicio penitenciario), o del 9,52% en 2017 (incluyendo el servicio penitenciario) al 7,90% en 2021. Expresado en dólares, siendo generosos, el presupuesto asignado al Ministerio de Seguridad (sin servicio penitenciario) perdió el 53% acumulado en el 2021 con relación al 2014, unos 119 millones de dólares menos, la pérdida fue un 20% mayor que la pérdida del promedio del gasto provincial que fue del 37%. Esto en cuanto a lo presupuestado, en cuanto al gasto efectivamente ejecutado, tuvimos que tomar como punto de referencia el año 2017 debido a que es el año en el que presupuestariamente se incorpora el Servicio Penitenciario a la órbita del Ministerio de Seguridad, por lo que si comparábamos con años anteriores no hubiésemos comparado iguales, pero tomando la referencia del año 2017, la pérdida de valor real del gasto efectivamente ejecutado por el Ministerio de Seguridad fue igualmente muy significativa, volviendo a tomar en cuenta el valor en dólares (aunque en el artículo van a poder encontrar también el análisis de lo ocurrido frente a la inflación), la pérdida del gasto efectivamente ejecutado en 2020 contra el de 2017 equivale a un 48% menos y si tomamos de manera separada el gasto en personal (integrado naturalmente principalmente por policías)la pérdida es del 47%.
En su exposición el presidente de la Bicameral de Seguridad planteó que en sus recorridas por las comisarías constató la falta de personal policial, móviles, equipamiento, infraestructura, etc. También recibió quejas por la falta de respeto de la carrera policial, no se otorgan los ascensos correspondientes, malos salarios, etc. Seguramente en los recortes del gasto destinado a seguridad, en el marco del ajuste del sector público provincial, es la principal causa de esos problemas.
¿Cómo se hace para realizar tareas de prevención situacional cuando no se cuenta con móviles o personal?
Otro de los factores que analizamos fue lo que llamamos el debilitamiento del sistema de seguridad pública provincial, en los términos como está definido en la ley 6721, la Lic. Daffunchio hizo un análisis pormenorizado de las instituciones que establece la ley y su lógica de funcionamiento y roles en el marco del sistema, se analizó el rol de la Bicameral, los Consejos Departamentales, los Foros Vecinales, las Muncipalidades, etc. Se puso énfasis en que la seguridad, dada su complejidad, no pude ser responsabilidad de un solo nivel de gobierno o de un único ministerio, sino que es responsabilidad de un sistema provincial, el cual está integrado por una serie de actores, que tienen que cumplir funciones y poner a disposición recursos de manera adecuada y que si estos componentes no funcionan, naturalmente el resultado no va a ser el óptimo, no es que el buen funcionamiento del sistema nos garantice la eliminación de la inseguridad, pero el debilitamiento si es un factor que influye en el crecimiento de la misma. Al analizar el sistema se pudo determinar que el oficialismo provincial, ha dejado de hacer cumplir partes fundamentales de la ley, como lo son la implementación de los foros vecinales y los consejos departamentales, que no solo permitían la participación ciudadana, sino que eran ámbitos naturales de articulación, realización de diagnósticos, planificación, implementación conjunta y control de las políticas públicas de seguridad y por lo tanto permitían la optimización de los resultados de las mismas. Otro aspecto fundamental del sistema tiene que ver con la política de seguridad como política de estado, lo cual requiere consensos básicos y un predisposición a la responsabilización política de parte del Poder Ejecutivo, cuestión que ha quedado evidentemente en las antípodas de la actual gestión, que primero se negó por dos años a poner en funcionamiento la Bicameral de Seguridad y luego ha negado sistemáticamente la presencia de dos de los máximos responsables políticos de la política de seguridad provincial como lo son el Ministro Levrino y el Jefe de Policía Munives, ¿Cómo se van a hacer modificaciones y mejoras en el sistema y las políticas si ni siquiera están dispuestos a rendir cuentas y escuchar voces alternativas? ¿Cuál es el mensaje que le está dando el gobernador a quienes dirigen la política de seguridad si en lugar de exigirles mejoras y pedirles explicaciones los protegen y les garantizan impunidad política? Nosotros entendemos que con estas actitudes, el oficialismo provincial, en lugar de pedirles a estos funcionarios que corrijan el rumbo, les está diciendo, sigan adelante y aceleren.
¿Qué otros temas surgieron en la charla-debate?
La variedad fue muy grande, porque el tema es complejo, por lo que invitamos a repasar la charla en el canal de Youtube de Zona Crítica Cuyo, pero, considerando que la gran mayoría de los participantes provino de Guaymallén y que prácticamente todos son dirigentes vecinales, naturalmente surgió el tema del rol del gobierno municipal en materia de seguridad. En ese sentido hay que decir que las experiencias que se volcaron son muy frustrantes, a pesar de que los municipios forman parte del sistema provincial de seguridad (art. 4º ley 6721) y de que Guaymallén cuenta con una ordenanza propia de seguridad ciudadana (ord. 8282/2016), lo concreto es que el gobierno actual no cuenta con una política concreta, a pesar de que podría hacer mucho para ayudar a prevenir, aunque sea garantizando cuestiones mínimas como la limpieza de baldíos y calles, iluminación, recuperación de espacios públicos, etc. Tampoco ha manifestado nunca la voluntad de ponerse al frente de la defensa del interés local y realizar gestiones para que el gobierno provincial disponga en el departamento los recursos mínimos para mejorar las prestaciones en materia de seguridad. Más bien, según lo expuesto por los participantes, se ha detectado una actitud de desinvolucramiento y de hacer oídos sordos, con la excusa poco cierta de que la seguridad es un tema provincial y que no le corresponde al municipio hacer nada en este tema.
