Por Fernanda Beigel (socióloga Uncuyo)
La rebelión popular vivida en Chile desde el 18 de octubre pasado pone en jaque un sistema neoliberal que durante décadas se propagó como modelo exitoso de desarrollo en la región. Se trata de un movimiento que nace como reacción al aumento de pasaje de metro pero que fue creciendo hacia movilizaciones masivas que se sostienen con el correr de los días. Una insurrección contra un gobierno sordo, que le declara la guerra al pueblo, creyendo que una vez sofocados los incendios todo seguirá igual. La sorpresa no estaría en la protesta espontánea porque existen muchos ejemplos recientes, a nivel global, de este tipo de rebeliones que demandan contra un Estado que desprotege, desampara y despoja de los derechos fundamentales a la salud, la educación y la vivienda digna.
La sorpresa se relaciona más bien con que aquellos focos de protesta espontánea derivaron en una masiva movilización nacional que enfrenta el estado de emergencia, y no le teme al toque de queda ni a los tanques militares, exigiendo una asamblea nacional constituyente. Para muchos observadores la insurrección se presenta como un fenómeno completamente nuevo. Salazar Vergara sostiene que es una metamorfosis que conduciría a la sociedad chilena de la “masa seguidora” que era, supuestamente, antes de 1973 a ser un “movimiento social con gente que piensa por sí misma y adopta posiciones políticas autónomas, con creciente independencia de los partidos políticos”.
No discuto que el fenómeno excede toda organicidad con el sistema tradicional de partidos y sin duda asesta un duro golpe a todo el establishment que sostiene la “democracia concertada”. Pero intento problematizar aquella percepción de absoluta novedad y por lo tanto, de irremediable efimeridad. Observo la novedad del estallido y la desesperación que lo motiva, pero advierto prácticas colectivas compuestas de múltiples memorias de resistencia ligadas a las tradiciones chilenas y latinoamericanas que le van dando cierta organicidad, amplifican la disposición al sacrificio y otras habilidades típicas del “capital militante” acumulado en el sangrado de este castigado país.
Efectivamente, la desesperación y espontaneidad del estallido tiene su raíz en un sistema opresivo cuya imagen bien vendida fue construida por gobiernos de distinto signo que incluye partidos como el Socialista, Demócrata Cristiano, en franca derechización desde aquella transición operada por la Concertación a una democracia restringida, formalmente pactada con la constitución pinochetista de 1980. Y es que la “Concertación” no sólo operó en el nivel de las instituciones, sino que instauró una especie de “concertaje” en el plano económico y social. El “concertaje” fue una relación laboral bastante extendida en la zona andina durante la Colonia, que en vez de un salario consistía en una cuenta en la que el patrón descontaba al peón y su familia los víveres, ropas y otros bienes que le entregaba según las horas trabajadas. Este sistema implicaba un “enganche” coactivo con el patrón que permitió la continuidad de la servidumbre y domesticó a las comunidades indígenas. Salvando las distancias, el sistema neoliberal chileno, que construyó al consumo como fuente de ciudadanía, generó el “enganche” de la mayoría de las familias chilenas al crédito no sólo para el consumo sino también para pagar una educación y una salud capturadas por el mercado. La colonialidad no sólo sobrevive en la discriminación racial sino en todas las formas de segmentación social: es una forma de asfixia que explota en el momento menos pensado.
La sociedad chilena parecía encorsetada en aquel pacto y los dos movimientos sociales más fuertes que estallaron en la última década en el país, el movimiento indígena y el movimiento estudiantil, no devinieron en una insurrección general. Algunas condiciones estructurales e históricas diferencian, entonces, esta protesta en Chile con movilizaciones espontáneas de orientación ideológica heterogénea, y por momentos francamente ambigua, como podrían ser los chalecos amarillos en Francia. Una demanda central de los manifestantes se vincula estrechamente con una memoria del pasado reciente: la educación como bien público. Recordemos que la dictadura militar (1973-1990) liberalizó la enseñanza básica y media, privatizó el sistema de educación superior y promovió la creación de más de 300 centros de investigación privados que se financiaron con ayuda de fundaciones extranjeras. En esta última década, las universidades terminaron además “enganchadas” en la globalización académica, obsesionadas por subir en los Rankings y atraer más flujo de estudiantes. La mercantilización de la educación superior se coronó con un sistema salarial estratificado para profesores/as que cobran un incentivo directo a la publicación de “papers” en revistas del circuito “mainstream”.
¿Cómo explicar ese contexto de feroz privatización y domesticación en un país que desde principios de la década de 1950 hasta el golpe militar promovió la educación pública, la reforma agraria y finalmente el socialismo? Si bien el Estado había ido adquiriendo un rol cada vez más preponderante en la dirección del desarrollo económico, social y cultural de Chile, hacia mediados del siglo XX comenzó a tomar forma una política pública para la educación superior que permitió hacer grandes obras de infraestructura y estimuló la profesionalización del profesorado universitario y la investigación científica. El gasto público en educación superior creció en forma constante hasta duplicarse desde un 3% del gasto total hasta un 6,8% en 1973. Para ese año, el sistema universitario de Chile se componía de 8 grandes universidades encabezadas por Universidad de Chile que tenía sedes en distintas ciudades del interior. La inversión pública era tal que no había universidades que pudieran considerarse plenamente privadas. La Universidad Católica por ejemplo, que participó activamente de la Reforma Universitaria de 1967, llegó a tener un aporte fiscal que representaba el 79,4% de su presupuesto en 1973.
Fue, justamente, la demanda de la educación como bien público lo que movilizó el mochilazo de 2001, la revolución pingüina de 2006 y las tomas estudiantiles en las universidades en 2011. Hay una continuidad entre estos diferentes estallidos que combina el rechazo del neoliberalismo con tradiciones militantes ancladas en la memoria de Chile. El reclamo de una asamblea constituyente apunta a destituir los pilares de aquella democracia restringida que colonizó mediante un moderno “concertaje” a la población. Sacude, así, un ciclo latinoamericanista que parecía fenecido y en declive, revelando la miseria del modelo de los Chicago Boys justamente cuando venían de nuevo a tratar de convencernos. La novedad de la insurrección seguramente está en la autonomía que exhibe de los partidos políticos. Pero lejos de evidenciar un corte abrupto con el pasado parece enlazarse con la memoria de la resistencia física que quedó latente desde la época de Allende, y con las habilidades militantes de estudiantes secundarios y universitarios que reactualizan los lenguajes de protesta en una síntesis anclada en las tradiciones populares chilenas.
A contramano de una coyuntura regional en la que las derechas parecían enquistarse en el poder para arrebatar los derechos alcanzados por las mayorías, en Argentina Mauricio Macri tuvo una contundente derrota electoral y Evo Morales fue reelecto en Bolivia. Probablemente sean esos aires de cambio, de resurrección, los que motorizan el optimismo de estas líneas. Quizás por eso en el despertar de Chile resalta la continuidad que se visualiza en la disposición al sacrificio de las adolescentes feministas que corren por las calles, que se entreveran con las pingüinas en sus veintes, los mochileros en sus treintas, las/os estudiantes autonomistas en sus cuarentas, las hijas e hijos de exiliados en sus cincuentas, los reformistas del 67 en sus sesentas. Quizás por eso a nuestra propia generación nos recuerda que están vivas las guitarras, reinventando la resistencia de los vientos andinos, el baile de los que sobran de Los Prisioneros y la agonía de Víctor Jara.
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Muy bueno el artículo. Aunque el concepto de “masa seguidora” de Salazar Vergara suena despectivo para quienes conocimos y vivimos la experiencia de la Unidad Popular, y todo lo que condensaba en cuanto al nivel de organización popular y de conciencia política de los trabajadores y el pueblo. Hay material documental que atestigua lo afirmado, por ejemplo, la “Batalla de Chile”, de Patricio Guzmán. Pero es un dato menor que no resta mérito a la calidad del artículo. Otra acotación: la militancia de base de los partidos de izquierda y populares han tenido una participación activa en los hechos, codo a codo con los “no militantes”, sin que ello signifique su dirección o algo parecido. Estos sucesos han interpelado transversalmente a toda la sociedad, y a su institucionalidad política, social y también académico-intelectual. Algunos sectores reaccionaron con más celeridad e intentan ponerse a la altura de los acontecimientos, pero este terremoto social y sus réplicas han estremecido los cimientos de toda la estructura institucional del país.