Los cambios políticos y la debilidad propia de la acusación en el caso Tupac Amaru-Nelida Rojas en Mendoza, han provocado un empantanamiento del tema y a la vez un intento de reformulación por parte de los acusadores, luego de los magros resultados de la fiscal anterior en su intento de llevar adelante una acusación contra el movimiento social y político que lidera Milagro Sala (que sigue inexplicablemente detenida en Jujuy).
Conversamos con Alfredo Guevara, principal defensor de Nelida Rojas y la organización Tupac Amaru; sobre todos los tópicos de esta persecución político-judicial-mediática; creada para eliminar a esta organización social que representaba a su manera los derechos sociales de los trabajadores
ZC: ¿Cómo está la situación actual de la causa Tupac Amaru en Mendoza?
AG: En algún momento durante el gobierno macrista de Cornejo ésta era una causa a la cual se podían sacar altos dividendos desde el punto de vista político electoral, en términos de desacreditar a la oposición. Y desacreditar las prácticas de las organizaciones populares, minimizarlas. En algún caso el objetivo que tenían lo lograron y fue precisamente desarticular esta organización y desacreditar las prácticas políticas, emparentarlas con el peronismo, con la oposición y a partir de ahí creo lograron mantener un gobierno provincial en las elecciones, entre otras cosas utilizando esta causa.
Hoy, lo que queda de eso son cientos de denuncias hechas por ex militantes de la organización, y además la intención de que no surja como algo evidente lo que fue esta operación de Lawfare y armado de causas; entonces hay un repliegue, se corre a la fiscal de la causa que protagonizó frente a los medios esta persecución, se pone en su lugar un equipo con un perfil más bajo, y se intenta mantener esto, con todas las notas de arbitrariedad que tiene. Todo esto hay que aclararlo en el contexto de Mendoza; con el manejo de la justicia que ha tenido el gobierno radical: la incorporación de jueces, las reformas procesales, el concepto de juez natural de la causa que no existe más, porque ahora se tomo el modelo chileno colegiado donde se puede cambiar el juez con un simple acto administrativo. El gobierno de Cornejo fue el que más jueces designó en toda la etapa de recuperación de la democracia, del 83’ hacia acá, y el manejo político de la Corte que se hizo a través del juez Valerio y del ministerio público a través de Gulle (ambos nombrados por Cornejo).
Lo judicial
Con este esquema se pretende proseguir con la persecución. Junto con los colegas que estamos en la defensa intentamos neutralizar estos objetivos. Lo primero es sacar esto de la órbita de este poder judicial absolutamente cooptado, hemos presentado un recurso ante la corte nacional esperamos que con estos nuevos aires políticos se revise el caso, en el sentido que la corte nacional también tiene este reperfilamiento de los vaivenes políticos, si bien se acercó al macrismo de alguna manera y avalo las operaciones de Lawfare, hoy todas las miradas apuntan a la corte nacional. Habrá que ver. Lo otro es que es bueno señalar puntualmente la arbitrariedad de cada una de las causas donde no hay fundamentos fácticos ni elementos de prueba, ni jurídicos. Esto es cuando yo digo que la causa de Túpac Amaru en Mendoza tuvo un éxito político mediático, pero ninguno desde el punto de vista procesal. la causa está como tal como se inició, no ha progresado.
ZC: ¿En eso tuvo que ver el fallo de la Cámara? ¿Fue un revés judicial para este “operativo”?
AG: Fue importante pero no es gran cosa, las acusaciones que se hacen a la Túpac Amaru de Mendoza no se hacen si quiera en Jujuy a Milagro Sala, son insostenibles y descabelladas; la Cámara consideró que no se puede considerar extorsión el pago de la cuota social o coacción la asistencia a la marcha “Ni una menos”, esto es lo que se cayó. Ahora, lo que se hizo fue armar una nueva causa apuntando hacia quien fuera director del IPV Omar Parisi o por ejemplo al Intendente de Lavalle, Righi. Aquellas primeras acusaciones; muy politizadas; que tenían que ver con la criminalización de prácticas de organizaciones populares, empiezan a tener un rol subalterno en lo que ahora se apunta como un caso de corrupción, como que se robaron el dinero de las viviendas.
Cuando digo que hay un éxito mediático, es porque esto es lo que aparece en los discursos de circulación masiva. Veamos, en una causa de irregularidades uno va a ver si están las casas y las casas están… , que no están terminadas es lógico porque no se terminó de entregar el dinero por parte del gobierno, incluso están más adelantadas las ejecuciones de obra que los adelantos financieros; pero se instala que se robaron las casas. En el caso de Lavalle la imputación se fabrica un viernes de veda electoral cuando las elecciones eran el domingo, y además adjudicándole presuntos delitos en la firmas de actas y convenios que eran idénticos a los que firmaba por la misma época el ex intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo; sin embargo se avanza sobre un departamento opositor y no sobre Cornejo. Aun cuando no debiera avanzar en ninguno de los casos porque no hay delito alguno. Y como no se puede determinar irregularidades en la construcción de la vivienda se construye esta imputación de que se construyeron las viviendas valiéndose del trabajo esclavo de los miembros de la organización, de las tareas comunitarias, que son nuevamente criminalizadas. Si bien en los medios apareció como que las viviendas había que demolerlas, eso no está en la causa.
En cualquier causa normal , se determina la responsabilidad los delitos y se avanza y acá es justamente lo contrario, se formulan acusaciones se dan a conocer de forma distorsionada a través de los medios para utilizarlas políticamente, pero las causas no avanzan . Si te guías por lo que se publica y los expedientes, vas a ver que nada de lo que se dice esta en los expedientes. Yo les digo las “pirámides de Egipto” porque según la acusación durante ocho años desde 2008 al 2016 cientos de personas trabajaron como esclavos en la construcción de más de 500 casas en Lavalle, y miembros de la organización se quedaban con el dinero de la mano de obra. Así la acusación elude lo que tenga que ver con las irregularidades y dicen vamos a focalizar en esto, porque la organización hacia tareas voluntarias, no en las obras, sino en las tareas comunitarias, entonces decían que se quedaban con parte de ese dinero Esto es ridículo, no se puede sostener.
Acusan a Parisi ya Righi de no haber controlado esto y resulta que cuando uno lee los contratos para ejecutar las obras, los controles laborales estaban a cargo del ministerio de trabajo de la nación, no estaban a a cargo del intendente ni del IPV y sin embargo imputan a personas por omitir controles que no estaban a su cargo. Además, constan informes del ministerio de Trabajo de la Nación y la subsecretaria de trabajo, donde dice que en todo el período no hay ninguna denuncia por incumplimiento de la normativa laboral en contra de ninguna de las cooperativas de la Tupac Amaru. Entonces no hay denuncias, las viviendas están construidas, ¿de qué hablamos?
ZC: ¿Han hecho un planteo a la Corte Nacional?
AG: Pasa que tuvimos una acusación con detenciones e hicimos un planteo a la Cámara y esta los libera, la Corte provincial anula esta decisión de la Cámara y pedimos que la Corte Nacional intervenga y revise esto, porque consideramos que el proceso ha sido manipulado políticamente por una justicia cooptada por el gobierno de Cornejo.
Lo político
ZC: ¿Como fue la operación política de las denuncias?
AG: Las denuncias se originan a través de una persona que actúa con un abogado que era asesor de Garavano (ex ministro de Justicia de Macri) y a partir de ahí se impulsa la denuncia con un programa de Jorge Lanata; hay una operación montada desde el ministerio de Justicia de la Nación y desde el gobierno provincial y dicen esto, la denuncia tipo es : “yo me entere que la Tupac hacía casas y me incorporé y me dijeron que había que asistir a las marchas y pagar las cuotas y yo la cumplí de manera obligatoria, porque si no quedaba fuera de la organización y no recibía la vivienda..” entonces así queda como que todo lo que hicieron lo hicieron obligados, de manera que las acusaciones se dirigen hacia la extorsión y coacción. Y llegamos a que se intenta cuantificar este trabajo voluntario y se hace una liquidación a través de peritos de manera tal de decir “esta persona al hacer estos trabajos voluntarios de forma obligatoria salió perjudicada en 15.000 o 10.000 pesos” por las actividades políticas y sociales a las cuales se incorporaron voluntariamente
ZC: ¿Es como que se tarifa la actividad social o política?
AG: Esto tiene que ver con una cuestión ideológica, el derecho a asociarse esta reconocido a partir de la Revolución Francesa, del liberalismo político y en las constituciones que se fueron sancionando en todos los países a partir del proceso de independencia, y está en los pactos internacionales de derechos humanos y es constitutivo del régimen democrático; no podemos pensar en una democracia sin libertad de asociación. En nuestro país además está amparado por fallos de la corte, además de la Constitución.
En este marco las actividades de la Túpac no constituyen obligaciones de carácter ilegal, el estado no tiene la facultad de interceder salvo en prácticas de carácter ilegal que no es el caso. Pasa que en esta hegemonía del individualismo estas prácticas de organización son presa fácil de la criminalización. Esto ya es una postura ideológica pero no tiene nada que ver con la amplitud del derecho de asociación.
Lo cultural
ZC: ¿Hay un condimento racista?
AG: Si y además clasista, porque está la idea que los pobres no pueden asociarse libremente ni organizarse porque hay una condición de vulnerabilidad que se les atribuye “la necesidad de vivienda, el hecho de ser pobre”, entonces en cualquier tipo de participación que pueda tener la persona, su voluntad estaría viciada, su consentimiento no podrá ser prestado en la medida que está en una situación de necesidad. Cualquier cuestionamiento a posteriori por la participación parte de la base de que el pobre no tiene capacidad jurídica, yo creo que hay racismo y clasismo porque eso cruza a todo. Sos un objeto de manipulación y esto tiene que ver con el discurso de la utilización de los pobres, el clientelismo, un discurso que no promueve organización ni autonomía popular y fortalecimiento, sino la idea de descalificar cualquier tipo de organización. Críticas podemos tener todos, eso es la pluralidad democrática, pero acá se promueve la eliminación de las organizaciones populares, porque desde esa óptica no pueden ser sujetos políticos ni civiles. En la Tupac Amaru había una ficha de afiliación que establecía las condiciones de participación y la gente firmaba de conformidad, además de las asambleas, y lo que se dice es que todo eso no tiene validez porque estaría viciada la voluntad de los miembros de la organización por su condición de vulnerabilidad, esto dice la acusación.
Esta ideología autoritaria y paternalista , lleva a pensar que hay que hacer caridad, pero que no se organicen.
Los medios
ZC: Como fue la tarea mediática de este proceso?
AG: Yo les digo a los periodistas que hay un gran fraude aquí, que es el fraude de a la opinión pública, le decimos todo esto de las acusaciones falsas y los periodistas insisten en decir cosas que no están en la causa. Creo que hasta esto lo han militado desde el periodismo, no sé si porque lo sienten o por el disciplinamiento de la pauta, pero lo cierto es que hay un convencimiento de parte de periodistas que sostienen este fraude y no hay buena fe …porque ellos saben . Sobre todo, después del fallo de la Cámara quedo todo expuesto.
