Se trata de comedores comunitarios que se encuentran ubicados en la zona conocida como “triple frontera” por ser el punto donde se tocan los departamentos de Godoy Cruz, Maipu y Lujan . En la denuncia se relata de esta manera los hechos que llevaron a las autoridades de la Asociación a radicar la denuncia en cuestión:
“…En el marco de las distintas actividades desarrolladas por la Asociación, se encuentra la gestión y administración de distintos comedores comunitarios que brindan asistencia alimentaria a personas que residen en la denominada triple frontera, una barriada popular ubicada en las afueras del gran Mendoza, en la que confluyen los Departamentos de Godoy Cruz, Maipú y Luján. Así, desde hace más de 10 años, se encuentran incorporados al Programa “Argentina contra el hambre”, el cual consiste en brindar asistencia alimentaria, la cual se ejecuta desde el actual Ministerio de Capital Humano de la Nación y el PNUD. La ACEI es la organización solicitante y distintas organizaciones que lo integran (el Centro de Actividades Educativas, Espacio Comunitario Saulo Rojas, etc), son las ejecutantes, con un total de 480 personas beneficiarias, ya sea presencial -en el comedor- o a través de módulos de mercadería. Dicho financiamiento para la compra de dichas mercaderías a la fecha se encuentra suspendido. Este programa se encuentra vigente desde el año 2012 y nunca se cortó el aporte financiero, hasta ahora. Así, se han restringido fondos para comprar alimentos de manera presencial (comedor) durante los meses de mayo y junio. El resto de los módulos (380), ya no se pueden garantizar. El día 7 de mayo de 2024, se comunicaron con nosotros desde la Oficina de Coordinación del área de Abordaje Comunitario dependiente del Ministerio de Capital Humano, -desde donde se ejecuta el mencionado programa-, para informarnos que a partir del 10 de mayo quedaban suspendidos los desembolsos para la compra de mercadería.
En el actual contexto de crisis socioeconómica, una decisión de este tipo no hace más que agravar la extrema situación de vulnerabilidad de las familias beneficiarias del programa. Por otro lado, al preguntar las razones de tal suspensión, sólo se informó que fue una decisión del Ministerio…”
.
En el escrito judicial presentado por la entidad, se solicita sean tenidos en cuenta como querellantes en la causa caratulada “s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) DENUNCIANTE: GRABOIS, JUAN”, y solicitan ademas incorporar los nuevos hechos en la figura de “malversación de fondos públicos”.
