LA GRAN ESTAFA DEL GAS

 

En la etapa política que dejo atrás la Argentina, durante el gobierno de Mauricio Macri, unos de las mayores transferencias de ingresos fueron a favor de las prestadoras de servicios públicos esenciales como el gas, la luz y el agua. Aumentos siderales de las tarifas pasaron a llevarse una creciente porción de los ingresos de los trabajadores. Pero cuando encontraron un límite a esa maniobra, fueron más allá. Maniobras realizadas por los funcionarios del área y los dueños de las empresas prestadoras, crearon un mecanismo para que el estado nacional subsidiara sus ganancias. Subsidios encubiertos y sospechosos crearon “la ruta del dinero del gas” con ganancias astronómicas surgidas del propio estado.

Hace unos días el Interventor de Enargas, Federico Bernal, presentó una denuncia penal en contra de: El exministro  Juan José Aranguren, ex Ministro de Energía y Minería (MINEM), Marcos Pourteau, ex Subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del MINEM, Mauricio Roitman, ex Presidente en ejercicio del Directorio del ENARGAS, y demás integrantes del entonces Directorio del Ente Regulador del Gas; en razón de las denominadas “Bases y Condiciones para el abastecimiento de gas natural a Distribuidoras de gas por redes”  concertadas y determinadas durante la gestión del ex Presidente de la Nación, Mauricio Macri.

Federico Bernal, Interventor del ENARGAS

En estas “Bases..” se autorizó un subsidio a las empresas gasíferas, garantizándoles una ganancia ilegal de $ 24.524 millones, por lo que la denuncia  versa sobre la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, artículos 248 y 265 del Código Penal.

La Intervención de Bernal realizó un racconto de las acciones encaradas por la gestión macrista previo a la finalización de la Ley de Emergencia Económica y la plena vigencia de la Ley 24.076 (Ley del Gas) y normas reglamentarias y complementarias. A partir del 1 de enero de 2018 debía volver a regir la libre negociación del precio del gas entre las empresas productoras y distribuidoras. Se recalcó que se trataba de un momento oportuno para esa negociación, que además correspondía de acuerdo a la Ley del Gas, puesto que la producción de dicho hidrocarburo comenzaba a recuperarse y para fines de 2017 se conocía que en 2018 la producción nacional habría de expandirse fuertemente. En paralelo, se indicó, que la demanda doméstica exhibía signos de ralentización/estancamiento.

No obstante ello, se hizo saber que el ENARGAS en lugar de proteger a los usuarios y las usuarias, rechazando ese acuerdo (las referidas “Bases y Condiciones”), presentado por las ex autoridades del Ministerio de Energía como una “normalización del sistema” y una “transición ordenada” a la 24.076, argumentos carentes de toda justificación técnica y jurídica, lo avaló y efectuó el traslado de los precios del gas en dólares, con tipo de cambio variable, a tarifas en abril del 2018.

Debe tenerse en cuenta que el tipo de cambio venía incrementándose sin pausa desde fines de 2017, con la economía nacional evidenciando ya importantes inconvenientes, desembocando en el retorno al FMI en mayo de 2018.

En octubre de aquel mismo año, y luego de una devaluación fuerte y sostenida, se pretendió mediante 24 cuotas impulsadas por el otrora Secretario de Gobierno de Energía Javier Iguacel, que la deuda entre productoras y distribuidoras provocada por la variación del tipo de cambio fuera absorbida por los usuarios y las usuarias en sus facturas, precisamente en 24 cuotas.

Esta maniobra delictiva, consistió en fijar un precio irreal del valor del MBTU en u$s 7, cuando su verdadero valor era de  u$s 3. Intentaron que fueran los usuarios los que lo pagaran en 24 cuotas. Como ese intento les falló, el PEN por el Dec. 1053/18 (art. 7) ordenó que se le pagara dicho precio como un subsidio. Dicho pago es inconstitucional porque viola expresamente la Ley 24076.

Macri y Aranguren

La salida que encontró la administración de Macri fue la absorción de esa deuda por parte del Estado Nacional (estatización lisa y llana). De ello se trató el Decreto 1053/2018, artículo 7. En pocas palabras, la deuda pasó de ser asumida por los usuarios y usuarias del servicio público a ser asumida por toda la ciudadanía en calidad de contribuyente, deuda derivada de causa ilegítima, esto es, las “Bases y Condiciones”. El perjuicio al fisco consecuencia de esta decisión se estima en 393 millones de dólares.

Esta maniobra delictiva, consistió en fijar un precio irreal del valor del MBTU en u$s 7, cuando su verdadero valor era de  u$s 3. Intentaron que fueran los usuarios los que lo pagaran en 24 cuotas. Como ese intento les falló, el PEN por el Dec. 1053/18 (art. 7) ordenó que se le pagara dicho precio como un subsidio. Dicho pago es inconstitucional porque viola expresamente la Ley 24076.

A modo de síntesis de las presentaciones que encarará el Ente, y que seguirán a lo largo de las próximas semanas, Federico Bernal explicó que “nuestra intención es que todas las Comisiones de Trabajo que funcionan dentro del ámbito del ENARGAS, así como la sociedad en su conjunto, conozca los hechos protagonizados por los ex funcionarios denunciados y que habrían violado la Ley del Gas, atando a los usuarios y las usuarias a una concertación ‘contractual’, con precios en dólares, unificados por cuenca, en una escala ascendente pactados a dos años y variables según el tipo de cambio, precios que luego se trasladaron a la tarifa. Por cierto, inédito en la historia de la comercialización del gas en la República Argentina. Solamente el perjuicio a los usuarios y usuarias por el incremento del precio del gas a comienzos de 2018 y luego trasladado a tarifa lo estimamos en 168 millones de dólares. El perjuicio económico total, o sea, al fisco y a los usuarios y las usuarias del servicio público de gas por redes, asciende a 561 millones de dólares”.

La única manera para que los usuarios – domiciliarios y comerciales – paguen tarifas justas, accesibles, no confiscatoria es necesario desmotar el andamiaje jurídico construido durante el gobierno de Macri y se declaren la nulidad del art. 7 del Dec. 1053/18 del PEN y la Res. ENARGAS 735/19.

 

 

 

 

 

 

 

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