PRECIO DEL BOLETO: CORNEJO PREFIERE EXTORSIONAR A LOS MENDOCINOS ANTES QUE EXIGIRLE A MILEI LA DEVOLUCIÓN DE LOS FONDOS NACIONALES.
Por Juan Carlos Villegas para Zona Crítica
¿Vos, la Provincia y la Nación tirando para el mismo lado?
Las recientes declaraciones Natalio Mema, abren un debate urgente sobre cómo el Gobierno provincial define su política de precios del transporte público. En una nota publicada por la prensa mendocina, Mema sostuvo que si la Legislatura no aprueba el roll over —es decir, la autorización para refinanciar parte de la deuda provincial—, el boleto del transporte deberá aumentar todavía más. En otras palabras: o les aprueban la deuda, o los mendocinos más humildes tendrán que pagar más para poder viajar.
La frase no es inocente. Es un mecanismo de extorsión política, un chantaje que pone a los legisladores opositores en una falsa disyuntiva, y a la ciudadanía como rehén. En lugar de discutir con transparencia los costos reales del sistema o los subsidios nacionales que la Nación recortó, el Gobierno provincial convierte el debate en una pulseada partidaria. Así, oculta su falta de gestión y su silencio ante el ajuste nacional que golpea directamente a Mendoza.
Si para lograr refinanciar deuda se amenaza con subir el boleto, el problema es estructural y es político.
Un sistema opaco y sin control ciudadano real.
Según Mema, el último estudio del EMOP indica que la tarifa técnica rondaría los $1.800 (sin gratuidades) y $2.900 con los beneficios vigentes para estudiantes, docentes, jubilados o personas con discapacidad. Es decir, el valor que haría “autosuficiente” al sistema, sin aporte estatal: el sueño liberal del gobierno radical-libertario. Del Estado activo que se preocupa por garantizar el derecho al transporte público como base de acceso al resto de los derechos y condición básica para el desarrollo social al estado indiferente y cooptado como herramienta para beneficio de unos pocos.
Pero ese número es imposible de verificar. Las audiencias públicas son inaccesibles, los informes empresariales opacos y los desgloses de costos (combustible, repuestos, salarios, seguros, amortización, etc.) nunca se publican de manera clara. Incluso hay denuncias sobre costos inflados presentados por las empresas, que operan en un esquema sin verdadera competencia.
Sin transparencia, todo aumento luce arbitrario. Y mientras tanto, los usuarios no tienen ninguna herramienta de defensa.
El boleto que se disparó diez veces en menos de un año
Desde la asunción de Javier Milei, el boleto urbano en Mendoza pasó de $120 a $1.000, un aumento superior al 700%, muy por encima de la inflación.
La causa es clara: el Gobierno nacional eliminó los subsidios al transporte del interior, trasladando el costo a las provincias. Pero en vez de reclamar con firmeza que se restituyan esos fondos —que eran parte del esquema federal de compensaciones—, Alfredo Cornejo eligió el camino más fácil: aumentar tarifas y seguir endeudando Mendoza.
El gobierno radical-libertario prefiere castigar a los mendocinos antes que enfrentar a Milei. La prioridad no es la provincia, sino la conveniencia política del gobernador.
Un modelo inviable.
El roll over que Mema defiende no es más que patear la deuda hacia adelante, con nuevos intereses y compromisos. Es una práctica riesgosa: lo que hoy parece una salida posible que se vende como “cambiar deuda mala por deuda buena” se convierte en una mayor carga financiera a futuro.
Si el Estado provincial necesita endeudarse para sostener el transporte público, el modelo de gobierno es inviable. Y si además usa ese endeudamiento como herramienta de presión política, el problema deja de ser económico para volverse ético y político.
Cada aumento del boleto se justifica como una “necesidad”, pero nunca se traduce en mejoras reales. El resultado es un sistema desigual, donde los sectores de menores ingresos pagan dos veces: con su dinero y con su tiempo.
El debate no debería centrarse solo en cuánto cuesta el boleto, sino en cuáles son las prioridades políticas del Gobierno provincial.
Transparencia, control ciudadano, defensa del interés mendocino y una política de transporte con sentido social: eso es lo que hoy falta.